Monterrey; N.L.- La diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano, acompañada por vecinos de la Colonia San Jemo y San Jerónimo, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atender a las denuncias interpuestas por vecinos relacionadas con las actividades de desmonte en el Cerro de las Águilas.

El Cerro de las Águilas, ubicado en el sector San Jerónimo en el Municipio de Monterrey, es una zona jurídicamente no urbanizable. Sin embargo, ha sido objeto de depredación por parte de empresas constructoras con la intención de realizar un complejo habitacional mixto, el cual pretende contemplar 85 lotes de al menos 240 metros cuadrados y una segunda etapa de 60 departamentos cada uno dando un total de 265 viviendas.

Desde febrero del 2022, vecinos de la zona empezaron a constatar movimiento de cuadrillas de personal iniciando labores de tala y desmonte de manera manual, y posteriormente con máquinas en el Cerro de las Águilas.

"Los vecinos realizaron denuncias desde mayo del 2022 ante la PROFEPA, acaban de notificarnos las respuestas a nuestras denuncias, y en pocas palabras, la PROFEPA se lavó las manos", denunció la legisladora.

"No sé si la PROFEPA nos está diciendo que todo es una ilusión colectiva, cuando evidentemente podemos ver en fotos y videos que la empresa llega con su máquinas y realiza actividades de tala y remoción de vegetación", dijo Reyes.

Es por esta razón, que en el punto de acuerdo presentado se solicita a la PROFEPA que realice de nueva cuenta acciones de inspección y vigilancia en el predio. Así mismo, se les solicita que apliquen los procedimientos administrativos de sanción correspondientes por las actividades de remoción de vegetación posteriores al 13 de mayo del 2022.

En el documento, también se solicita que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) inicie una investigación en materia de responsabilidad administrativa por la omisión al cumplimiento a las atribuciones de inspección y vigilancia, además de que se abstenga de emitir nuevas autorizaciones al proyecto.

Por otra parte, se solicitó a la Fiscalía General de la República que realice también una investigación penal.