Monterrey; N.L.- La Diputada local del PRI; Lorena de Garza presentó iniciativa de reforma a la Constitución local con la finalidad de que las personas con antecedentes penales como agresores, de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, que tengan antecedentes como deudores alimentarios morosos y/o como agresores por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.

Acompañada de Yndira Sandoval, de Las Constituyentes Feministas MX y Rosaura Margarita Guerra, de la Asociación Venumia, de la Garza Venecia entregó el documento en la Oficialía de Partes del Congreso Local.

"Estamos tratando de proteger y salvaguardar la vida de las mujeres, de las familias y de quienes hayan cometido estos errores es estos delitos, no puedan ostentar un cargo público sabiendo que llegan a una posición de poder, en el que van a influir en la vida de todas las personas del Estado de Nuevo León, no podemos permitir que estos 3 tipos de agresores lleguen a tomar decisión a un puesto en el que toman decisiones a favor de la vida de la gente de Nuevo León", recalcó la legisladora.

La propuesta presentada busca combatir la violencia de género y promover la igualdad de género en el ámbito político y público.

Los tres puntos básicos que se proponen son requisitos mínimos para garantizar que las personas que ocupan cargos públicos no tengan antecedentes de comportamiento violento o discriminatorio hacia las mujeres. Siendo estos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.

Esta es la propuesta de los tiempos para que los agresores no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.

• Diputados: antecedente de 5 años a la fecha de la elección.
• Gobernador: antecedente de 8 años a la fecha de elección.
• Magistrados del Tribunal Superior de Justicia: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
• Miembros del Consejo de la Judicatura del Estado: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
• Consejeros del Instituto Estatal de Transparencia: antecedente de 10 años a la fecha de su designación.
• Miembros de los ayuntamientos: antecedente de 5 años a la fecha de la elección.