Monterrey; N.L.- Ante el incremento de violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas migrantes en la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización civil Sin Fronteras propusieron a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, generar un mecanismo entre ambas instituciones, organismos internacionales, autoridades y el Instituto Nacional de Migración.

La CEDHNL y Sin Fronteras, como parte de un convenio institucional, dirigieron un escrito al Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, para proponer, además, que exista un fortalecimiento de conocimiento y habilidades para el personal de la Estación Migratoria, ubicado en el Municipio de Guadalupe, y del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Ambos organismos señalaron que detectaron una alta incidencia de detenciones arbitrarias por parte de personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Migración, en las que muchas personas migrantes son llevadas a la estación migratoria, a pesar de presentar documentos que acreditan su estancia regular, incluyendo a personas turistas.

Las quejas recabadas por la CEDHNL contra el Instituto, y remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -dado que se trata de una institución de carácter federal-, están relacionadas, en su mayoría, con tratos humillantes, retención y destrucción de documentos, retención de celulares y mantenerles sin comunicación.

Asimismo, en el primer semestre del 2022, derivado de la sequía generalizada en la entidad, hubo acceso limitado al agua en las instalaciones de la estación migratoria, lo que provocó condiciones insalubres.

Además de no admitir visitas, encontrarse en hacinamiento, contar con mala comida, falta de material médico y de medidas de bioseguridad por el virus del SARS-COV-2- (COVID 19), así como maltrato físico, presión psicológica para retirar amparos, falta de información sobre sus procesos y falta de acceso a su derecho al asilo.

Por otro lado, la CEDHNL y Sin Fronteras reportaron que han documentado casos de discriminación, agresión, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias en contra de personas migrantes, por parte de personal de instituciones de seguridad federales, estatales y municipales.

En 2022, la Comisión atendió a mil 809 personas de diversas nacionalidades, principalmente hondureña, venezolana, guatemalteca, haitiana y nicaragüense; y recibió 69 señalamientos de violación a los derechos humanos dirigidos a autoridades federales, y 26 a autoridades locales.